La norma modifica los Anexos I, II y III de la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013) para adecuarla a la normativa europea e incrementar así tanto la seguridad jurídica como el nivel de protección ambiental.

Esta modificación garantiza la adecuada trasposición de la Directiva 2011/92/UE a nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo que cualquier proyecto con potenciales impactos significativos sea sometido, al menos, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

La modificación del Anexo II de la Ley 21/2013, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, concentra la mayor parte de las novedades de este real decreto. Por lo que respecta al Anexo I, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, las modificaciones han sido más limitadas, si bien se han actualizado algunos epígrafes.

En síntesis, el real decreto elimina el umbral y, o bien asume la redacción de la Directiva cuando no existe motivación para su mantenimiento, o bien mantenían un umbral motivado en los criterios del Anexo III de la Directiva (en normativa sectorial vigente o basado en la experiencia de los órganos evaluadores de las diferentes administraciones territoriales). De esta forma, aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los umbrales legales no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que los haga merecedores de este procedimiento.

Asimismo, el documento incluye un nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o que afecten sustancialmente al medio hídrico.