El texto "elimina barreras administrativas para la implantación de energías renovables en Cataluña" y soluciona diversos aspectos de la Ley de Cambio Climático que habían sido declarados inconstitucionales.

El decreto-ley deroga el Decreto 174/2002, regulador de la implantación de la energía eólica en Cataluña y el Decreto 147/2009, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para ala implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña , los cuales limitaban la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña, y establece un nuevo procedimiento de tramitación más ágil, respetando siempre la protección ambiental, urbanística y paisajística vigentes. Desaparecen la determinación de zonas de desarrollo prioritario para la energía eólica y el modelo concursal para su adjudicación, y también se eliminan las ocupaciones máximas para las instalaciones fotovoltaicas, así como las restricciones para su ubicación en zonas contiguas a terrenos industriales o edificaciones agrícolas o ganaderas.

Además, se implementa un nuevo modelo de tramitación proyecto a proyecto, que permitirá reducir hasta los 13 meses el procedimiento de autorización de una instalación. El nuevo trámite incluye la creación de una Ponencia de energías renovables, que servirá para hacer una consulta previa a la tramitación de una instalación para determinar si el emplazamiento proyectado es viable y garantizar que no existan elementos que desaconsejen aquella ubicación. El trámite se llevará a cabo en un procedimiento conjunto que integrará las autorizaciones energética, ambiental, urbanística y paisajística, e incluirá tanto la instalación renovable como la línea de evacuación de energía a la red. Se permitirá tramitar conjuntamente proyectos híbridos que combinen energía eólica y solar fotovoltaica y compartan la línea de evacuación de la electricidad generada.

Del mismo modo, el decreto-ley modifica la Ley de Urbanismo para facilitar y simplificar la instalación de energías renovables en el ámbito urbano, con la voluntad de favorecer la implantación de sistemas de autoproducción en los edificios y en el espacio público de las ciudades. En este sentido, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas no contarán a efectos de remonta y estarán sujetas al régimen de comunicación previa. La norma también elimina aspectos que dificultan la implantación de medidas de aislamiento térmico o la mejora de cerramientos de fachadas, entre otros. También es facilita la implantación en suelo no urbanizable, siempre que se cumplan unos criterios ambientales y paisajísticos.

Finalmente, se modifica la ley del cambio climático con el fin de recuperar algunos artículos anulados por el Tribunal Constitucional, redactados en base a la sentencia. En concreto, se fija la neutralidad de emisiones de CO2 para el horizonte 2050, la electrificación de los puertos de la Generalitat, la limitación al fracking o la penetración de la movilidad eléctrica en el sector del transporte. Asimismo, se incluyen algunas precisiones a diferentes artículos y se añade la prohibición de utilizar carbón y coque de petróleo en estufas y calderas en nuevas instalaciones, además de un periodo transitorio de cuatro años para sustituirlos por otros combustibles con menos impacto.