El Parlamento ha aprobado EL 18/012/20, con el apoyo del 78% de la Cámara, la Ley de facilitación de la actividad económica que tiene como objetivo impulsar la actividad económica estableciendo los criterios e instrumentos para hacer más ágil y eficiente la relación entre las administraciones catalanas y las empresas y autónomos. Es una regulación pionera en Europa en el ámbito de la actividad económica, ya que hace posible la aplicación del principio "Only Once" impulsado por las directrices de la Unión Europea. Es decir, que empresas y autónomos sólo tendrán que aportar una vez sus datos en todos los trámites que hagan con todas las administraciones (local, catalana y estatal).

Esta normativa - sin precedentes en materia de facilitación - beneficiará 564.000 empresas y 362.000 autónomos (el 89% de las empresas y el 91% de los autónomos del país) y supondrá un ahorro de 38,4 millones de euros anuales para los agentes empresariales beneficiados.

Otra de las novedades de la ley es la creación de una autopista administrativa para proyectos empresariales estratégicos, favoreciendo la implantación de empresas con valor añadido y presencia tecnológica, especialmente los que impliquen inversiones productivas preferentemente en el ámbito industrial y logístico.

La norma incluye medidas para reducir las cargas burocráticas, minimizando la intervención administrativa; ofrece servicios de forma proactiva a las empresas un copa analizados los datos aportados sin necesidad de que lo soliciten; y establece un nuevo modelo de relación entre la empresa y las administraciones. Este nuevo modelo de relación se fundamenta en la confianza mutua, la relación digital por defecto, la aportación de datos una única vez, la eliminación de las cargas administrativas innecesarias, la estandarización de los procedimientos, la celeridad en la tramitación, y la transparencia.

La Ley - que da continuidad a la Ventanilla Única Empresarial (VUE) - es fruto de un trabajo colaborativo del Departamento de Empresa y Conocimiento con representantes de los diferentes agentes económicos implicados. Durante dos años, en un proceso liderado por la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), se han hecho sesiones de trabajo, comunidades de prácticas, jornadas, seminarios, y reuniones técnicas con organizaciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio, co- colegios profesionales, gremios, empresarios y autónomos, y con representantes del mundo local.

Durante la tramitación parlamentaria también se ha llevado a cabo un trabajo colaborativo con los diferentes grupos parlamentarios, que ha permitido, entre otros:

• Introducir la creación de un servicio unificado de información y gestión de financiación para empresas y autónomos, que incluirá ayudas, subvenciones, prestaciones y préstamos, entre otros, para favorecer la promoción y el sostenimiento de actividades que contribuyan al crecimiento económico , la creación y mantenimiento del empleo, la innovación y el desarrollo de Cataluña.
• Recoger la obligación específica del Ayuntamiento de Barcelona para adherirse a la FUE en un plazo máximo de 12 meses, aunque reconociéndole las competencias para legalizar la instalación y apertura de las actividades económicas, en el marco de lo previsto por la ley
• Prever el impulso de programas adaptativos para formar los autónomos y empresarios que no tengan conocimientos en la utilización de las herramientas digitales. Esta formación se realizará de forma presencial, virtual u online y se impulsará oferta en todo el territorio.
• Hacer posible que las obras de conexión, sustitución, sondeos de comprobación y reparación de averías de las de infraestructuras de servicios técnicos estén sometidas a un régimen de comunicación en lugar de licencia.

Principales novedades: una autopista para proyectos empresariales estratégicos y aportación de los datos "Only Once"

1.- Impulso de proyectos empresariales estratégicos: Por primera vez, se establece a nivel normativo la tramitación de urgencia de proyectos empresariales considerados estratégicos, con la voluntad de ofrecer una autopista administrativa que facilite la implantación de proyectos empresariales con valor añadido. Con este fin, el Gobierno establecerá los mecanismos para designar un proyecto empresarial como estratégico.

Serán considerados estratégicos los proyectos empresariales que aporten valor añadido en desarrollo tecnológico e innovación, desarrollo y vertebración territorial, reindustrialización, generación de empleo, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección medioambiental, promoción de la diversidad, inclusión social, igualdad, no discriminación y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad. La ley también incluye los proyectos que fusionen pequeñas empresas, incorporen startups para ganar dimensión o incrementen el número de grandes empresas en Cataluña y incide especialmente en los que impliquen inversiones productivas preferentemente en el ámbito industrial y logístico. Fruto de la tramitación parlamentaria se han incorporado los planes de

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para designar un proyecto como estratégico y el Gobierno, como máximo cada 4 años, aprobará los criterios de clasificación a propuesta de la Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica.

2.- Las administraciones pasan de gestionar formularios gestionar datos (Only Once). Para hacer posible este cambio en gestión administrativa, se implementarán mecanismos de facilitación como la estandarización de los datos (mediante un Diccionario Interoperable, que integrará todos los datos estandarizados en el plazo de 2 años), el identificador único de establecimiento ( que permita la identificación inequívoca del emplazamiento donde se realiza una actividad económica, con independencia de la administración competente que lo haya registrado), la tramitación unificada (que hará la captura y tratamiento de los datos aportados por la empresa o emprendedor una única vez en sucesivos trámites), y la proactividad de la administración, que ofrecerá al empresario de forma proactiva los servicios disponibles en cada momento.

3.- Consolida la Ventanilla Única Empresarial (VUE) como modelo de relación entre empresas / profesionales y administración responsable para realizar todos los trámites necesarios para su actividad desde un punto único, el Canal Empresa, dotado de un Área privada, que integra todas las relaciones de la empresa con la Administración. Las administraciones públicas (ayuntamientos, consejos comarcales ...) que utilicen plataformas propias deberán adaptarse en el plazo de dos años.

También se crea el Directorio de Establecimientos y Registros, instrumento que ofrecerá una visión integral y recopilará la información de la que disponen las administraciones de los titulares de las actividades económicas y de los establecimientos donde se llevan a cabo. Como resultado de la tramitación parlamentaria, el directorio incluirá también los datos de los registros de ayudas extraordinarias relacionados con la actividad económica, así como los datos obtenidos, en su caso, en el trámite de inscripción previa. De esta manera se asegura que el principio Only Once aplica también a la solicitud de subvenciones.

4.- La Gobernanza de este nuevo modelo de relación empresa / administraciones pivota sobre la Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica, como órgano encargado de hacer seguimiento y evaluar la implantación de las medidas establecidas en la ley, establecer mecanismos de colaboración entre Generalitat y entes locales y, fruto de la tramitación parlamentaria, velará para que las administraciones otorguen las licencias en el plazo menor posible. También regula la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), como unidad responsable de definir la estrategia para hacer efectiva la FUE y coordinar su desarrollo. Asimismo, la ley establece como organismos encargados de ofrecer las soluciones tecnológicas el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y Consorcio de la

5.- En la ley se regulan todas las actividades económicas, no sólo las inocuas y de bajo riesgo, a través del régimen de comunicación. En estos casos, únicamente será necesario incorporar un certificado técnico y, en caso necesario por la dimensión o capacidad de los establecimientos, se aportará también un proyecto técnico con una descripción técnica más precisa del cumplimiento normativo de esta actividad no inocua o de mayor riesgo, con el fin de proteger el interés general.

6.- Va un paso más allá en la simplificación de la intervención administrativa, minimizando el control administrativo, que se hará a posteriori. Como regla general, la intervención administrativa ejercerá un control posterior, y sólo excepcionalmente se impondrá el control previo por parte de la Administración. En el caso de inicio de actividad, las empresas y emprendedores únicamente harán una declaración responsable o comunicación y en el caso de apertura de un establecimiento, tan sólo habrá una comunicación.

7.- Pago de tasas electrónicamente: Las administraciones facilitarán el pago electrónico de las tasas asociadas a los procedimientos relacionados con la actividad económica a través de sus sedes electrónicas y del portal único para las empresas y autónomos, CANAL EMPRESA (estará en vigor en el plazo máximo de dos años).

8.- Para que la minimización de la intervención administrativa no redunde en un incumplimiento de la normativa, se establece un sistema de control posterior de las actividades, que se aplicará en defecto de normativa sectorial, y que será proporcional, no discriminatorio , transparente, objetivo y vinculado al interés general. El incumplimiento de la ley podrá comportar multas adicionales de hasta 20.000 euros y la prohibición de comunicarse o declarar al inicio de actividad objeto de sanción entre 6 meses y 2 años.
Beneficiará el 89% de las empresas y el 91% de los autónomos, y supondrá un ahorro de más de 38 millones de euros anuales a empresas y emprendedores

La ley beneficiará el 89% de las empresas catalanas, que ocupan 2,8 millones de trabajadores, el 84% del total. Asimismo, conllevará beneficios para el 91% de los autónomos. Se calcula que la reducción de los trámites, la mayor transparencia, la simplicidad de los procedimientos y la eliminación del tiempo de espera para iniciar la actividad empresarial comportarán una reducción estimada de costes de 38,4 millones de euros al año.

De forma detallada, la simplificación del régimen de intervención permitirá ahorrar 26 millones de euros; el establecimiento de la relación digital predeterminado, 4,2 millones, gracias a la aplicación del principio de aportación de datos sólo una vez, mientras que la aplicación de la administración digital, conllevará un ahorro de 8,2 millones de euros.

Cataluña, líder europeo en facilitación administrativa

Cataluña ya lidera a nivel europeo otras iniciativas de facilitación administrativa orientadas al impulso de la actividad económica, como el proyecto INTERREG EUROPA-START EASY que fomenta prácticas administrativas para la mejora de la competitividad de las startups, dotando de herramientas inteligente -ligents que posibiliten la creación de empresas de forma fácil y ágil. Aprovechando el ecosistema de startups existente en Cataluña, el proyecto se focaliza en este tipo de empresa de base tecnológica, aunque la intención es aplicar los resultados al conjunto del sector empresarial catalán. En la iniciativa, liderada por la Generalitat, participan instituciones de Italia, Francia, Bélgica, Lituania, Polonia, Letonia y Lituania.